Presidida por la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, la sesión del CPE aprobó la Resolución 3310/18, que establece pautas y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas que se constituyan en riesgosas. La intervención requiere la "comunicación previa y fehaciente a la máxima autoridad del Consejo Escolar Zonal; permitiendo la actuación frente a la contingencia imprevista presentada, para la elaboración de la Disposición que fundamente, detalle y registre la toma de decisión al respecto".
La disposición o norma legal que registre la actuación sobre este tema requiere el "común acuerdo entre Supervisor/a y Director/a de cada establecimiento educativo".
Este protocolo contempla tres etapas claramente diferenciadas para su puesta en marcha: Difusión; Implementación; y Evaluación, análisis y corrección.
La primera tendrá una duración de 30 días corridos a partir de la reglamentación, en tanto que la implementación arrancará inmediatamente después. Luego de seis meses de funcionamiento inicial, vendrá una etapa de revisión y redacción final de este protocolo.
De acuerdo a lo comprometido y anunciado por el gobernador, Alberto Weretilneck, ante la Comisión Directiva Central de UnTER sobre la derogación del Decreto 652, el CPE aprobó un nuevo Protocolo de Actuación.