“Es fundamental que el Gobierno Provincial rinda cuentas a las y los rionegrinos, quienes son los que finalmente financian los salarios de la planta de funcionarios y del personal estatal”, explicó Lastra.
La funcionaria aclaró que se hizo un análisis exhaustivo de la situación de manera transversal en todo el Estado, abarcando diferentes áreas y ministerios. “En total, se revisaron más de 3.000 contratos, y se determinó que un 12% de ellos aproximadamente no cumplían con los estándares requeridos”, dijo en diálogo con Radio con Vos de Bariloche.
Además, Lastra aclaró que esta decisión “no afectará los servicios esenciales, ya que los puestos vacantes corresponden a funciones que no eran indispensables o que no estaban siendo desempeñadas adecuadamente”.
“La decisión no se toma a la ligera, y aunque siempre puede haber algún error, esta revisión fue exhaustiva y hecha con el objetivo de evitar que personas que no cumplieron con su rol sigan ocupando estos cargos. Es necesario poner orden en el sistema público y terminar con los abusos”, manifestó Lastra.
“El Gobierno está comprometido en cuidar los recursos públicos, y garantizar que se utilicen de manera eficiente y que se cumpla con las expectativas de la gente. Esta decisión es parte de un proceso más amplio de revisión y optimización de los recursos del Estado, buscando una administración más eficiente y responsable”, cerró.